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La Ley de Arrendadores e Inquilinos de 1954, o la Ley 54, otorga a los inquilinos comerciales el derecho a permanecer en sus locales incluso después de que termine el plazo del contrato, específicamente para uso comercial y no para arrendamientos residenciales. Si un arrendador desea mantener el control y prevenir los derechos de renovación para el inquilino, ambas partes pueden acordar excluirse de estos derechos. Este proceso requiere un procedimiento específico: el arrendador debe notificar al inquilino, el inquilino necesita hacer una declaración jurada, y el contrato debe incluir la redacción apropiada. Cuando un contrato ha excluido la Ley 54, se aplican condiciones específicas respecto a su conclusión.